Con el objetivo de garantizar a los jóvenes del país el Derecho a la Salud Mental, los congresistas que integran la Comisión Accidental de Juventud radicarán el proyecto de ley que busca modificar la Ley 1616 de 2013 para que, además de los niños, niñas y adolescentes, se priorice en temas de prevención y atención a quienes se encuentran entre los 14 y 28 años.

 Para tal fin, este proyecto busca fortalecer las medidas que permitan prevenir y abordar de manera adecuada los trastornos mentales en jóvenes desde sus entornos protectores, e impulsar el desarrollo de hábitos sociales y emocionales que resulten beneficiosos para mejorar su calidad de vida. Además, se deberá establecer un enfoque diferencial de niñez, adolescencia y juventud, que involucre quienes se encuentran entre los 18 y 28 años, para que sean reconocidos como personas que atraviesan una etapa fundamental para su desarrollo, y se identifiquen y transformen las situaciones en las que esta población vive situaciones de discriminación, vulnerabilidad y exclusión.

Esta iniciativa nace de varias reuniones y mesas de trabajo en las que la Comisión Accidental y sus cooperantes (Unión Europea, PNUD, NIMD, MOE, Extituto) pudieron identificar diferentes problemáticas que enfrenta actualmente la juventud colombiana, entre las que se destaca la ausencia de programas de salud mental para este grupo etario. De esta manera, este proyecto responde a una petición reiterada por parte de representantes de organizaciones juveniles del orden nacional, para que se creen rutas de atención que permitan responder a las necesidades de los jóvenes colombianos en esta materia.

 En el diagnóstico hecho por la Comisión se pudo establecer que 4 de cada 10 jóvenes, entre los 18 y 24 años, han sufrido algún tipo de violencia antes de cumplir la mayoría de edad y, en 2018, se registraron 22.211 casos de presunto abuso sexual en menores. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, el 29,3% de la población colombiana entre 12 y 17 años ha tenido por lo menos una experiencia traumática a lo largo de su vida, y la exposición a estos eventos, sobre todo aquellos relacionados con la guerra, contribuye a la aparición de desórdenes en la salud mental. Además, hay indicios de que la vivencia de traumas psicosociales, que conlleven a los jóvenes a asumir condiciones de victimización, aumenta las probabilidades de que presenten conductas suicidas y violentas.

Por otro lado, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) también se considera como un factor que influye en la aparición de enfermedades mentales y, según el CONPES 3992, para el 2016 la edad promedio de inicio de consumo de SPA era de 13,6 años.

Teniendo en cuenta este panorama, el proyecto pretende atender, de manera positiva, factores determinantes que afectan la salud mental, entre los que se encuentran la prevención de distintos tipos de violencias, de prácticas de hostigamiento, de acoso o matoneo escolar en el ámbito educativo, y la prevención del suicidio y del consumo de sustancias psicoactivas. También le apuesta a fomentar en los estudiantes, de todos los niveles de formación, competencias para su desempeño como ciudadanos respetuosos y la buena convivencia escolar y universitaria.

Para atender adecuadamente esta problemática, este proyecto de ley propone involucrar a entidades de salud e instituciones educativas, de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en el diseño y aplicación de estrategias para promover hábitos que permitan adquirir una buena salud mental, orientada hacia la educación emocional.

Por otro lado, los prestadores de servicios de salud públicos y privados deberán garantizar la capacitación continua del talento humano que atiende en servicios de salud mental, en nuevos métodos, técnicas y tecnologías pertinentes y aplicables en la promoción de la salud mental, prevención, tratamiento y rehabilitación psicosocial. Esta formación estará enmarcada en la humanización y el trato digno a los pacientes, sus familiares y cuidadores.

Además, las entidades encargadas deberán ofrecer una atención oportuna y de fácil acceso a los servicios de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, intervención, cuidado y rehabilitación psicosocial. Además, los Consejos Departamentales deberán garantizar que en los municipios y departamentos haya difusión de la información sobre la oferta institucional en salud mental.

Finalmente, el Observatorio Nacional de Salud formulará una estrategia de actualización de la información sobre Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas enfocada en determinar los efectos de la Pandemia del COVID-19 en relación con estos temas, en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de esta ley, en caso de aprobarse en el Congreso de la República.

Vale la pena resaltar que este proyecto se trabajo de la mano con la Unión Europea y cuenta con la coautoría de los Representantes a la Cámara Alejandro García Ríos, Jennifer Pedraza, Wilmer Castellanos, Jaime Raúl Salamanca, Jorge Bastidas, Daniel Carvalho, Susana Gómez, Diego Caicedo, Cristian Avendaño, Edison Vladimir Olaya, Carolina Giraldo, Erick Velasco, Duvalier Sánchez, Catherine Juvinao, Juan Camilo Londoño, Eduar Triana, Ingrid Sogamoso, Martha Alfonso, Hernán Cadavid, Carolina Arbeláez, Erika Sánchez, Gabriel Becerra, Andrés Cancimance y Juan Sebastián Gómez.